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¿Industria del Juicio?


Mala praxis: diez demandas por mes

En Mendoza sólo prospera el 7 por ciento de los casos. Cirujanos, tocoginecólogos y traumatólogos están entre los más denunciados. En dos de cada tres denuncias el error es atribuido a un profesional de la salud. Alertan por una “industria del juicio”

En Mendoza se inician unas 120 demandas judiciales por mala praxis médica por año, es decir, un promedio de diez por mes. Lo cual no es un asunto menor ya que esto implica un enorme costo para el sistema de salud.

Según especialistas, la provincia presenta un alto índice de litigiosidad en esta área, algo fácilmente perceptible si se tiene en cuenta que se estima que en todo el país se inician anualmente unas 1.500 causas. 

Se trata de un tema sensible para médicos, instituciones de atención sanitaria, abogados, empresas aseguradoras  y pacientes. Pese a esto es una instancia que difícilmente cuenta con datos estadísticos, lo que llevó al abogado Rafael Acevedo a realizar una investigación que terminó en libro, “El error médico”, que presentó el jueves pasado en Buenos Aires.

Acevedo es el gerente general de la Mutual Argentina Salud y Responsabilidad Profesional, una organización sin fines de lucro que asesora a 500 clínicas y sanatorios nacionales.

Para el trabajo, utilizó una muestra de 800 casos de todo el país, 40 de ellos mendocinos. Su conclusión de mayor peso refiere a que en 37,75 por ciento de los casos se determinó la existencia de un error evitable, de los cuales 43,7 por ciento desencadenó la muerte del paciente.

Responsabilidad médica

A diferencia de los resultados que arrojó el estudio a nivel nacional, en Mendoza prosperan entre el 5 y el 7 por ciento de las demandas, según detalló el doctor Guillermo Baker, asesor médico legal de Triunfo Seguros.  

Del total, dos tercios obedecen a un error por parte del profesional actuante mientras que el tercio restante se produce por fallas en la estructura sanatorial, como mal funcionamiento de los equipos médicos, errores en el desempeño de los enfermeros e infecciones intrahospitalarias, estas últimas casi en el 41 por ciento de los pacientes.

La etapa del tratamiento es la que aglomera el 67 por ciento de los errores en cuanto a la atención por parte del profesional, mientras que el resto se produce en el diagnóstico.
“La mayor parte de la judicialización obedece a consecuencias no deseadas en cirugías, en particular en lo concerniente a la atención del parto”, informó Baker.

En cuanto a las especialidades más conflictivas se encuentra a la cabeza la tocoginecología, en segunda instancia la traumatología, en tercer lugar la cirugía general y cuarta las prácticas invasivas (por ejemplo endoscopias).

Seguros y costos

Debido a la posibilidad de sufrir demandas y a los altos costos que éstas implican es que actualmente la mayoría de los médicos e instituciones cuentan con seguros para hacerles frente, a punto tal de que las segundas se los exigen a los primeros para trabajar.

Pueden ser demandados tanto los médicos como las instituciones, el Estado y las obras sociales. Sin embargo no es común que estas últimas cuenten con seguros de responsabilidad civil médica.

En general, los pacientes pretenden iniciar acciones contra los profesionales y son los abogados los que luego las extienden a las otras instancias. Finalmente será el juez quien determinará los porcentajes en que cada una de ellas deberá hacerse cargo.

A nivel nacional, el promedio de la indemnización solicitada es de 500 mil pesos, pero lo que se termina pagando es generalmente la mitad.

En Mendoza, este valor es mucho menor, en promedio entre 150 y 200 mil pesos. En este sentido hay que decir que es una práctica común intentar un arreglo extrajudicial entre las partes, lo cual permite no sólo mayor celeridad en la resolución del litigio sino que además se reducen los montos entre 30 o 40 por ciento.

Industria del juicio

Acevedo destacó a Los Andes que gran parte de los pedidos de juicio son desestimados, dentro de las cuales incluye las llamadas “demandas temerarias”, aquellas que se realizan sin pruebas suficientes y en las cuales se piden montos abusivos como resarcimiento. De esta índole son el 20 por ciento de las causas y refieren a lo que suele llamarse la industria del juicio.

La mayoría de los pedidos son rechazados sin ningún costo para el paciente ni el abogado demandantes, quienes suelen apelar al beneficio de litigar sin gastos, de manera tal que el que termina pagando los costos de la investigación es el demandado que ganó el juicio.

Hay que destacar que de los 800 casos estudiados por Acevedo, en 40 de ellos pudo determinarse que las consecuencias fueron por negligencia del paciente.

Los Andes Online /19 de junio de 2011

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