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¿Religión y aborto son incompatibles? Para reflexionar…


Católicas por el Derecho a Decidir es una de las 307 ONG que impulsan el proyecto que obtuvo dictamen en la Comisión de Legislación Penal de Diputados. “Defendemos la autonomía moral de las feligreses”, explicaron a ElArgentino.com y dijeron representar “la disidencia que hay en la Iglesia”.

La dicotomía alrededor de la despenalización y legalización del aborto se presentó ayer en las manifestaciones frente al Congreso entre dos posturas bien delineadas: las militantes de movimientos feministas versus los grupos religiosos “pro vida”.

Pero en ese mismo lugar, también estaban presentes las integrantes de la asociación civil “Católicas por el Derecho a Decidir” (CDD), una de las 307 ONG que integran la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, desde donde salió el proyecto que obtuvo el dictamen de mayoría entre los diputados de la Comisión de Legislación Penal.

“Somos un movimiento autónomo de personas católicas que trabajamos por los derechos de las mujeres, en general, y los derechos sexuales y reproductivos, en particular”, define a su grupo Silvia Juliá, integrante del Equipo Coordinador de CDD y marca el objetivo común que las une: “Defendemos la autoridad moral de las mujeres para tomar decisiones en relación a estos temas”.

Al explicar cómo conjugan la religiosidad y la postura pro aborto, asegura que representan “la gran disidencia que hay en la feligresía argentina y latinoamericana”. “Tenemos evidencias de que las mujeres tienen un desacato silencioso con lo que la jerarquía de la Iglesia opina en estos temas porque sino, no nos explicamos que en un país mayoritariamente católico como Argentina, 500 mil mujeres aborten al año, usen anticonceptivos y apelen a la anticoncepción de emergencia, todas prácticas absolutamente prohibidas por la jerarquía eclesiástica”, justifica.

Prueba de ello es el resultado de la encuesta que la ONG publicó el lunes pasado: un 34% de los argentinos interrogados dijo conocer a alguien que haya interrumpido su embarazo a través de una intervención quirúrgica. 

“Las mujeres tienen que poder decidir en este tema crucial, que muchas veces se genera por embarazos no deseados, por situaciones de violencia, de marginalidad, y que sólo nosotras podemos decidir”, asegura Juliá a la hora de argumentar su visión.

Además, consideró que no hay chances de debate con los grupos católicos que condenan la práctica. “La jerarquía no está dispuesta al diálogo, su posición en esos temas es muy cerrada”, consideró y la diferenció de otros sectores que integran su religión: “Tenemos diálogo con sacerdotes que provienen de la Teología de la Liberación, muchos adhirieron a la campaña, al igual que algunas monjas”.
 
La asociación tiene su sede fundacional en Córdoba y también, representación en Capital Federal, Santa Fe y el norte del país y forma parte de la Red Latinoamericana de Católicas por el Derecho a Decidir que integran diez países más.

El aborto en el Congreso

“Fue un debate extenso e interesante porque hubo fundamentaciones, posiciones, planteos, incluso de personas que no apoyaban el proyecto”, expresó Juliá, recién llegada a Córdoba tras la jornada parlamentaria que presenció ayer en la comisión de Legislación Penal de Diputados. 

“Estamos muy satisfechas con el resultado de este primer tratamiento. Es un hito porque es la primera vez que se trata el aborto en el Congreso, no sólo con el análisis del Código Penal, sino que pone sobre la mesa los proyectos que despenalizan y legalizan la práctica también”, celebró.

Ayer, siete de doce diputados sacaron un dictamen de mayoría que consagra el derecho de las mujeres a interrumpir legalmente un embarazo en las primeras 12 semanas de gestación y más allá de ese plazo establece permisos cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer y en casos de violación y de malformaciones fetales graves. 

La iniciativa pasará ahora a las comisiones de Salud y de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Cámara baja, pero se estima que no continuará su debate hasta el año que viene. En ese caso, será con un nuevo mapa parlamentario tras la renovación del próximo 10 de diciembre cuando asuman los legisladores electos el pasado 23 de octubre.

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