En el año 2003 se creó el Programa Nacional Salud Sexual y Procreación Responsable (PNSSyPR) para lograr el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Ley Nacional Nº 25.673, que entre otras metas estableció la garantía para la población del acceso universal y gratuito a métodos anticonceptivos. Desde ese momento hasta la actualidad se consolidaron los programas de Salud Sexual y Reproductiva en todas las provincias y se incrementó el número de establecimientos sanitarios en todos los niveles de atención que brindan servicios de salud sexual y reproductiva. Entre 2003 y 2011 más de 6.000.000 de mujeres accedieron de manera gratuita a los métodos anticonceptivos.
La implementación de esta política sanitaria llevó un proceso complejo, y los avances realizados fueron acompañados por nuevos desafíos. Hace treinta años se firmó el protocolo de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), que fue ratificado por la Argentina. Hace ocho, se creó por ley el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable en la órbita del Ministerio de Salud de la Nación. Sin embargo, el acceso de las mujeres a los servicios de salud sexual y reproductiva continúa con algunas situaciones de desigualdad y discriminación, con significativas diferencias entre las distintas regiones del país. El informe -que se presenta en el link que figura al final de la entrada- recupera el camino recorrido en los primeros ocho años de implementación de la ley 25.673, para evaluar los progresos alcanzados y revisar las metas a cumplir, que no pueden ser dejadas de lado, ya que está en juego la libertad de elegir, la salud y la vida de las mujeres, los varones y las y los adolescentes. No se puede avanzar si no se conoce el punto de partida, los derechos existentes, el acceso a los programas provinciales y la implementación de la política de salud sexual y reproductiva a nivel nacional.
